Incursos en una época en la que las administraciones públicas y los ciudadanos están muy concienciados acerca de las causas y consecuencias del cambio climático puede resultar raro que para emitir una tonelada de dióxido de carbono a la atmósfera sólo sea necesario pagar alrededor de un euro. Es decir, una persona que tiene un euro puede plantearse si tomarse un café en el bar de la esquina o ponerse a emitir una tonelada de CO2.
Esto es debido a la política medioambiental llevada a cabo por la Unión Europea. Para limitar las emisiones de efecto invernadero se puede optar bien por imponer impuestos por las cantidades emitidas, o bien llevar a cabo la emisión de Permisos de Emisión Transferibles (PETs).
Desde Europa se ha optado por la segunda opción. Estos PETs son asignados a las empresas por los estados miembros de la UE según una serie de cuotas que corresponden. De tal manera que una empresa no puede emitir más CO2 que aquel de acuerdo con los derechos obtenidos, de otra manera tendría que pagar una sanción por cada tonelada de exceso (de 40€ hasta 2007 y de 100€ a partir de 2008). Aunque estos PETs tienen una particularidad, y es que se pueden vender y comprar en un mercado creado para ello, de modo que si una empresa quiere contaminar más deberá comprar derechos de emisión, y si una empresa reduce su contaminación podría vender los derechos sobrantes. Así, se cumplen los principios de “quien contamina paga” y “quien no contamina obtiene beneficios”.
Sin embargo, en la práctica parece ser que las temperaturas han ayudado a la reducción de emisiones por las empresas y los estados nacionales se han excedido a la hora de asignar los derechos lo que ha provocado que el precio de los mismos se reduzca hasta la cantidad de aproximadamente 1 euro por lo que los incentivos para reducir las emisiones de gases invernadero son prácticamente nulos. La conclusión podría ser que de haberlo sabido la política de asignación debería haber sido más restrictiva y así forzar mucho más a la baja las emisiones de CO2.
